Procede de la política municipal en Cataluña y tendrá que hacerse cargo de algunos temas que despiertan mucho recelo en el sector como el pago por uso o el incremento de la fiscalidad en los carburantes
La remodelación del Gobierno que ha llevado a cabo Pedro Sánchez este fin de semana ha producido un cambio al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con la salida de José Luís Ábalos al frente del departamento que, a partir de este momento estará dirigido por Raquel Sánchez Jiménez.
Raquel Sánchez Jiménez proviene de la política municipal, donde ha desarrollado toda su carrera política. El 15 de febrero del 2014 fue elegida alcaldesa de Gavá cogiendo el testimonio de Joaquim Balsera. Después de las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, que las ganó el PSC, el 13 de junio fue elegida alcaldesa para el mandato 2015-2019 cargo que revalidó en 2019, después que la candidatura socialista obtuviese la mayoría absoluta en los comicios locales del 26 de mayo.
Desde noviembre de 2016, forma parte de la ejecutiva del PSC. Hasta diciembre de 2019 como Secretaria de Políticas de las Mujeres y, a partir del mismo mes, como Secretaria de Estrategia y Clima.
El 2 de abril de 2020 fue escogida como representante de la Federación Española de Municipios y Provincias en el Consejo Nacional del Clima. Desde el 16 de junio de 2020, es Patrona del Institut Cerdà.
Raquel Sánchez es licenciada en Derecho en la Universidad de Barcelona, ha cursado también un Master en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Pompeu Fabra. Durante sus primeros años de mi carrera profesional ejerció como abogada en un importante despacho de Barcelona. Posteriormente fundó, con dos compañeros más, un despacho propio en Castelldefels.
Hombre fuerte del ejecutivo
José Luís Ábalos, el hasta ahora ministro de Transportes ha sido sin duda uno de los hombres fuertes y de total confianza de Pedro Sánchez. No en vano, Ábalos conformó el equipo negociador del PSOE que hizo posible el Gobierno de coalición con Unidas Podemos , además de ser el encargado de conducir las negociaciones con los grupos políticos para que prosperara la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Durante la pandemia, aprobó medidas dirigidas a afrontar los efectos de la crisis sanitaria y a acelerar la reactivación económica, el conocido ‘escudo social’, que posteriormente prorrogó en varias ocasiones y que incluía una batería de medias en el ámbito del transporte aéreo, marítimo y de carreteras, pero también en el ámbito de vivienda.
Su relación con el sector del transporte por carretera no ha sido todo lo fluida que las asociaciones esperaban, de hecho el Comité Nacional de Transporte por Carretera llegó a plantear un paro nacional del sector; y pese a que nada más llegar al cargo impulsó algunas mesas de trabajo en las que debatir aspectos muy demandados por el sector del transporte, lo cierto es que en este tiempo ha habido muy pocos avances en la negociación en aspectos como la carga y descarga o el incremento de pesos y dimensiones pretendido por los cargadores así como la reforma de la Ley de Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías en los términos interesados por el Comité Nacional, en el sentido de derogar la posibilidad del pacto en contrario. Además, ha sido el encargado de “poner sobre la mesa” la política del “pago por uso” que pretende impulsar el Gobierno y que afecta de lleno al transporte por carretera, así como el incremento de la fiscalidad de los combustibles fósiles.
Por el contrario, si que se ha avanzado en otros temas importantes, llevando hasta el congreso la ley que establece sanciones al incumplimiento de los plazos de pago previstos en la Ley de Morosidad o la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que marcará la movilidad de los próximos años y su trasformación hacia el abandono de los combustibles fósiles, la conectividad y la digitalización del transporte.
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